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TC dispone reglamentar cobro servicios a imputados solventes

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El Tribunal Constitucional dispuso elaborar reglamentos sobre la tasa que deben cobrar los defensores públicos a los imputados solventes y sobre la creación de un registro de los abogados privados que estén en condiciones de representar a esos acusados de delitos penales.

Mediante sentencia, el TC ordenó a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) elaborar esos reglamentos, que establecen los artículos 5 y 43 de la Ley 277-04, que instituye ese sistema en el país.

El TC acogió un recurso de revisión de amparo sometido por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en contra de la sentencia número 00340-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el 22 de septiembre de 2016, la cual fue revocada por el órgano constitucional.

El dispositivo del fallo está contenido en el comunicado 64/17, emitido el 25 de octubre, el cual fue publicado en la página web del TC, sin las motivaciones de la decisión.

El artículo 5 de la ley 277-04, que ordena aplicar el Tribunal Constitucional, dispone la gratuidad del servicio de defensa pública para los imputados que no cuentan con medios suficientes para contratar un abogado.