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Pelegrín Castillo acusa a actores políticos de boicotear aprobación de Ley de Partidos

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El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrin Castillo, afirmó que los actores politicos en el país no han sido consecuentes y han optado por boicotear la Constitución,  en el sentido de no haberse aprobado la Ley de partidos políticos, la cual lleva cerca de 15 años engavetada en el Congreso Nacional.

Consideró que no sólo debió aprobarse esa normativa, si no también la Ley Electoral, la Ley que regula el referéndum, el plebiscito y las iniciativas populares, como herramientas que transforman la democracia nacional a representativa y participativa.

Al participar en el programa televisivo “Enfoque 16” que se difunde por N16, abogó por un sistema político más equitativo, transparente y democrático, tras considerar que en el país no habrá verdadera democracia mientras la politica siga costando tanto y solo puedan competir quienes tengan más recursos o sean financiados por sectores poderosos y desde el gobierno con el dinero  del pueblo.

Sobre  las primarias internas, Castillo dijo que las elecciones abiertas, concurrentes y simultaneas además de ser inconstitucional, equivale a duplicar los costos de las campañas ya que los candidatos tendrían que hacer un proceso a lo interno de sus partidos y otro a lo externo, para competir contra los demás partidos.

Enfatizó en que la Constitución Dominicana  establece  reducir los costos de la politica y otorga un mandato a la Junta Central Electoral (JCE), para regular el tiempo de las campañas, gastos y topes de inversión, a fin de que los partidos tengan acceso equitativo hacia los medios de comunicacion, por lo que insta al tribunal comicial ejercer sus facultades para evitar un debilitamiento institucional y lacerar la democracia nacional.

Pelegrin Castillo advirtió además, que de llegar al 2020 sin la aprobación de la ley de partidos políticos y régimen electoral, el país corre el riesgo de que únicamente hayan tres electores, que serían el gobierno con los recursos del erario público, sectores de poder y el crimen organizado que ha estado presente en los procesos electorales y las campañas en el país, así como en otros países del mundo.