Los desatinos en el caso de la desaparición del condenado a 20 años por homicidio Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito”, cada vez se hacen evidentes, denotando así la vulnerabilidad no solo del sistema judicial, sino también del penitenciario y del sector médico.

Hoy sale a relucir que diez días después de que la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís otorgara la prisión domiciliaria a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, el Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste emitió su informe.

De acuerdo al documento que reposa en el expediente que dio lugar a la sentencia 136-01-2017 del 26 de mayo del 2017 de la magistrada Aleyda Jiménez Acosta, el oncólogo clínico Ángel Garabot Polanco, exequátur 110-12, dijo que a solicitud de la jueza examinó a Castillo Paniagua el 5 de junio del presente año.

Se han detectados una series de irregularidades en las que han estado envueltos jueces, fiscales, médicos, y personal de vigilancia penitenciaria. Pero, además, han sido dictadas múltiples resoluciones judiciales en tribunales de diferentes grados, tanto condenatorias como favorables al imputado.

Fue revelado que mientras “Quirinito” estuvo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, el Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís solicitó en varias ocasiones que el interno fuera trasladado a centros de salud para evaluaciones médicas por deterioro de su salud.

Las autoridades del Poder Judicial y de la Procuraduría han suspendido a seis personas, entre ellos dos jueces, dos fiscales, un médico legista y un supervisor penitenciario.

La primera suspensión fue anunciada por la Procuraduría el pasado martes del médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción que declaró el fallecimiento del prófugo. En ese momento, la Procuraduría informó que no descartaba someter a la justicia al galeno cuando concluya la investigación.

Al otro día, el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión de los jueces de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta, y de San Cristóbal, Willy de Jesús. Jiménez Acosta fue la magistrada que dispuso la variación del régimen de cumplimiento de la pena, de privación de libertad en un recinto penitenciario a prisión domiciliaria, y De Jesús, el juez que aprobó el traslado del condenado del centro de corrección y rehabilitación de Najayo, al Centro Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.

La jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís ha defendido su honorabilidad y su actuación en el caso y afirmó que actuó atendiendo a recomendaciones del Ministerio Público, que indicaban que el reo padecía de un cáncer terminal en la lengua.

Ayer, la Procuraduría confirmó que el Consejo Superior del Ministerio Público dispuso el viernes la suspensión de dos miembros del Ministerio Público y un supervisor del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, acogiendo la solicitud de la Inspectoría General.

Los suspendidos el viernes son el procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco, Felipe de Jesús Restituyo Santos; el procurador adjunto de esa Corte de Apelación, José Calasanz Morel, y del encargado de la Supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Franklin Ortega.

Castillo Paniagua fue condenado a 30 años de prisión el 13 de abril  del 2010 por el tribunal colegiado de San Cristóbal, al ser hallado culpable de asesinar al presunto narcotraficante Adolfo Cervantes Arellano (Waikikí), quien a su vez era investigado por el asesinato, en marzo de ese mismo año, del oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Guillermo Tejada Krawinkel.