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Castellanos dice observaciones del Presidente al Código Penal son un acto de humanidad

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El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales consideró que las observaciones realizadas por el Presidente Danilo Medina, al Código Penal, están motivadas por un acto de humanidad y de respeto al derecho a la vida y a la dignidad.

Pedro Luis Castellanos expresó que 97 países han asumido excepciones similares.

“Siento mucho respeto – señaló el Superintendente.- por la fe religiosa de las personas, y yo mismo me considero un creyente; pero las creencias y la fe son un asunto íntimo y de carácter personal que no podría imponerse por la fuerza de las leyes ni de la acción del Estado”, dijo.

Sostuvo que las experiencias actuales en el mundo, o a lo largo de la historia, de tratar de imponer por la fuerza del Estado la fe de algún sector, minoritario o mayoritario, suelen resultar socialmente catastróficas.

“No se trata de promover el aborto como medio de control de natalidad; éste sería un acto voluntario; se trata de comprender que hay situaciones extremas, que no dependen de la voluntad de la madre, y que representan seria amenaza y riesgo para su salud y su dignidad”, dijo Castellanos.

Manifestó que, como bien señala el Presidente de la República, “ninguna mujer desea voluntariamente ser víctima de violación o incesto, ninguna desea sufrir enfermedad severa que ponga su vida en riesgo, ni desea que uno de sus hijos tenga malformaciones congénitas que la hagan inviable”.

Dijo compartir del criterio de que las mujeres tienen derecho a planificar sus embarazos por métodos seguros y compatibles con sus creencias y fe personal.

“El Seguro Familiar de Salud incluye la cobertura de las atenciones necesarias para la planificación familiar”, explicó el funcionario, al tiempo de exhortar a reducir los abortos clandestinos, “más aun los que se realizan en condiciones de alto riesgo para la salud”.

Consideró que la planificación familiar es el mejor y más seguro camino para evitar embarazos no deseados.

Dijo compartir el criterio de que nadie puede obligar a una mujer a morir a consecuencia de un embarazo, ni a traer al mundo el producto de una agresión tan infame como la violación o el incesto, ni a llevar por nueve meses en su vientre, con todos los riesgos que esto podría significar para su salud física y mental, un producto de la concepción cuyas malformaciones se ha comprobado que no le permitirán vivir.

“La Ley debe permitirle decidir según su propia conciencia si interrumpe el embarazo o prefiere mantenerlo”, enfatizó Castellanos.

Señaló que la evidencia internacional muestra que la prohibición de los abortos terapéuticos no disminuye los abortos clandestinos, ni realizados en condiciones riesgosas; “sino al contrario, todo indica que puede aumentarlos; más aun, puede incrementar la mortalidad materna, al propiciar la realización de abortos en condiciones altamente inseguras”.